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sábado, 21 de febrero de 2015

Papel del gobierno, de los funcionarios y los legisladores.


 
Fuente http://www.diariorc.com/

¿Os imagináis un partido de fútbol donde el reglamento no estuviese claro? Imaginad las infinitas tensiones si el árbitro o el delantero mezclaran sus funciones con las del portero en una final. Eso es lo que ocurre en la política.

Alfonso Guerra dijo con todo el cinismo que Montesquieu había muerto cuando en realidad jamás vivió entre nosotros, por lo tanto jamás tuvo la oportunidad de morir en España cuando ni siquiera había pasado por aquí. Pero nos robaron la ocasión de haberle invitado a morar entre nosotros durante la transición, que habría sido el momento apropiado. Quien tuvo la genialidad de inventar la separación de poderes para que el poder ejecutivo controlase al legislativo casi en un sistema mecánico de pesos y contrapesos en el uso del poder puso coto a la corrupción al evitar el abuso del poderosos. Su obra El Espíritu de la Leyes ofrece el marco de referencia casi de mecánica newtoniana de cómo separar los poderes.

Cada poder tiene su función. Si no hay separación de poderes no hay separación de funciones y cuando unas funciones se mezclan con las otras entonces surge un sistema preparado por la corrupción para perpetuar la corrupción. Eso es lo que nos ocurrió durante la transición: que nos la colaron doblada.

Cabría preguntarse si es que fuimos tontos ¡Qué va! Eramos un país narcotizado sin cultura política que intentaba salir de un régimen dictatorial donde estábamos acostumbrados a decir amen a todo y la población tenía la misma cultura política que ahora: es decir, ninguna. Recordemos el eslogan Franco 25 años de Paz donde todos los españoles votaron SÍ a Franco, puede que eso no lo sepáis. Así que en la transición dijimos que sí a lo que nos pusieron por delante, como siempre habíamos hecho. Lo de la resistencia a Franco de la población es un mito que se han inventado para tapar la continuidad de un sistema de oligarcas, pero esta vez con el añadido de una inmensa corrupción financiera. Me río de todos esos que dicen haber luchado contra Franco: con tanta gente en contra lo habrían derrocado de ser cierto.

Quienes inventaron nuestro presente estado de partidos, que no democracia, sí sabían lo que hacían y se sacaron y repartieron autonomías de la manga para regalar cargos y funciones a tutiplen, tantos como quisieran y colocar a los suyos: la mediocridad y falta de valores al poder. Lo que surgió funciona gracias a la corrupción y ningún partido nuevo o viejo todavía quiere ser consciente del alcance del drama que origina el sistema que aceptan ciegamente por ignorancia los bienintencionados y por corruptos los que se aprovechan. Aquellos políticos cuyas intenciones son buenas confunden la política con la democracia: es decir, el juego con el reglamento que debe tener todo juego. Si el motor del coche no funciona no vas a ninguna parte por muy buenas intenciones que tengas. Sin reglamento no hay fútbol. Sin una constitución que sirva exclusivamente para reglamentar la separación de poderes no hay democracia.

Es imperativo que los españoles ( y casi toda Europa) sean conscientes de ciertas realidades desconocidas para la gran mayoría a causa de la gran desinformación a la que la masa es sometida por parte de los medios de comunicación también por ignorancia o conveniencia:

Primero que el Estado lo forman los funcionarios y el gobierno. El gobierno está para salvar al pueblo de las crisis y de cualquier peligro inesperado que surja: de lo imprevisto. El gobierno tiene que saber tomar decisiones difíciles sobre la marcha según sea el peligro que nos amenaza. En cambio, los funcionarios están para hacer funcionar todo aquello que ya está previsto y reglamentado: desde que te detenga la policía si eres un delincuente hasta que sigas el circuito previsto de análisis de sangre y un tac hasta llegar al médico o el colegio al que le toca ir a tu hijo. Unos para lo imprevisto, otros para lo que ya está previsto. Pero lo que hay que exigir es que gobierno y funcionarios cumplan nada más que sus funciones. Por lo tanto, si seguimos las pautas o reglamento de separación de poderes lo que no puede hacer nunca el gobierno o un funcionario es legislar.

El reglamento (democracia) de la separación de poderes exige que el presidente del gobierno y los ministros debieran tener prohibida la entrada al Congreso ya que al no poder legislar allí no pintan nada. La presencia de un miembro del gobierno o del presidente en el Congreso de Diputados es un anacronismo. Es como si apareciese para legislar en ese lugar un domador de leones, un payaso o un árbitro de fútbol sin haber sido elegidos.

La Nación si debe legislar pero nunca gobernar porque también estaríamos mezclando funciones y tampoco sería democracia. Ese disparate que dicen algunos de gobernar mediante asambleas es una  necedad y una gran mentira porque ese sistema no sirve para un gran Estado moderno ¿Cuarenta y dos millones de persona poniéndose de acuerdo a la vez para tomar una determinación rápida sobre un problema urgente que ha salido? Pura charlatanería como Cantinflas, pero sin la enorme inteligencia del gran actor humorista.

Con la representación surgida del distrito electoral el ciudadano sí tiene el control de la legislación. Pero incluso así, no se le puede dar a todos esos representantes de distrito (uno por distrito electoral) el inmenso poder de promulgar leyes y darles carácter coercitivo. El representante de distrito (Cámara de Representantes) propone las leyes según ordenes de sus electores (de ahí el mandato imperativo) y otra cámara surgida de la primera  votados sus componentes y escogidos entre los que mayor conocimientos jurídicos, etc, tengan: pasan al Consejo de Legislación. El Consejo de Legislación recibe las propuestas y se produce el milagro cuando todo está bien atado: la transmutación de agua en vino donde una propuesta de un grupo de ciudadanos recogida por parte del representante de un distrito pasa por un circuito democrático y se convierte en Ley. Esa ley se publica en el boletín oficial de la Nación, ya que el Consejo de Legislación representa a la Nación mientras que La Cámara de Representantes representa a los ciudadanos. La sabiduría popular lo resume en cada mochuelo a su olivo: cada uno a su casa, o en nuestro caso, cada función a quien le toca realizarla y no mezclemos funciones ni poderes.

Vicente Jiménez



sábado, 1 de septiembre de 2012

ES HORA DE QUE EL PUEBLO DECIDA SOBRE LAS CC.AA.


Actualizado julio 2014
Colaboración de  JOAQUÍN  JAVALOYS

Ya va siendo hora de consultar a los ciudadanos, al pueblo soberano, sobre la necesidad y conveniencia de que haya o no Autonomías territoriales en España. ¡Veamos por qué!
En el año 1977, en el entonces centralista Estado español había 800.000 empleados públicos y menos de 90.000 políticos. Actualmente, en el Estado de las Autonomías hay 3.104.000[i] empleados públicos y unos 350.000-400.000[ii] políticos. La existencia de las Comunidades Autónomas ha hecho necesario multiplicar por cuatro, aproximadamente, el número de políticos y de empleados públicos; quienes, obviamente, viven de los impuestos de todos los ciudadanos. En 2011 las Autonomías han costado 86.333 millones de euros en personal y gastos corrientes. Pero las costosas CC.AA. son también ineficientes, ya que la Sanidad y la Educación, como otros servicios públicos, son más caros administrados por 17 burocracias sanitarias y 17 burocracias educativas que por una sola administración general del Estado.

El altísimo coste del Estado autonómico es el problema central de la actual crisis española, porque hace imposible conseguir un crecimiento económico suficiente para crear puestos de trabajo. 

Nuestro modelo autonómico es ruinoso para el ciudadano; pero, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos predominantes en una comunidad autónoma, nacionalistas o no, para la burocracia creada por la autonomía y, sobre todo, para unas oligarquías caciquiles que, organizadas en grupos de presión, manejan en su territorio los presupuestos públicos a su antojo directamente o por medio de políticos afines instalados en puestos clave. Desde luego, las Autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la casta autonómica y para los militantes de los partidos. Las CC.AA. mantienen legiones de políticos que, en vez de servir al bienestar de la ciudadanía, se dedican a expoliar a los contribuyentes en su propio beneficio.

Las CCAA, que tienen unas competencias que duplican ampliamente las correspondientes a los Estados federales, se han convertido en administraciones cuasiestatales donde los caciques territoriales han colocado a sus familiares y correligionarios, y enchufado a sus amigos. Se estima que existen dos millones de empleados públicos nombrados a dedo en las CCAA. y en los miles de empresas públicas y entes autonómicos creados; lo que contribuye decisivamente al cuantioso volumen de paro existente en España, porque un puesto de empleo público destruye 2,8 puestos en el sector privado.

Además, la existencia de las Autonomías ha producido duplicidades y redundancias en la prestación de servicios públicos, lo que supone un despilfarro anual superior a 40.000 millones de euros.

Desde luego, las CCAA son gigantescas máquinas de gastar el dinero de los contribuyentes; pero en su orgía derrochona gastan también lo que no tienen, endeudándonos a todos -padres, hijos y nietos-, para financiar sus déficits presupuestarios. Según el Banco de España las CCAA tenían a finales de 2011 una deuda de 140.083 millones de euros; pero la realidad es muy superior a esa cifra si se tienen en cuenta también los pasivos en circulación del entramado de sus empresas públicas y sus entes autonómicos, pues el BdE dice que en 2011 ha llegado a ser en total de 191.597 millones de euros.

El Estado de las Autonomías, el maligno cáncer que arruina a España, está en una profunda crisis, dado que el modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, a pesar de su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El mito de las ventajas de las Autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo.

Por supuesto, el Estado autonómico es política y financieramente insostenible, sobre todo cuando existe crisis económica generalizada. Por el costosísimo y superendeudado Estado de las Autonomías nos estamos convirtiendo en el Estado de los recortes económicos y sociales, destruyendo el Estado del Bienestar y acercándonos cada vez más a la insolvencia tanto estatal como de las CC.AA. ¡En España no hay recursos suficientes para mantener las costosas CCAA!. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal, porque su bancarrota parece inevitable. Pero ¿quién podrá rescatar a las CC.AA.?, porque el Estado español se ha convertido ya en residual y está arruinado. ¡Nadie!. ¡El suicidio de las CC.AA. se está consumando!.

Europa y los mercados financieros nos obligarán a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas Autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. La desaparición del Estado autonómico llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia. Esa será la consecuencia de que los políticos, con el enorme endeudamiento suicida de sus CC.AA., se hayan comido vorazmente su “gallina de los huevos de oro”: las Autonomías territoriales. Entonces, gracias a los compromisos con la Europa del euro, terminarán por desaparecer. ¡Estamos ya en el principio del fin de las Autonomías, en su ocaso!.

Desde el punto de vista económico-social las Autonomías han sido un fracaso. También lo han sido políticamente porque su establecimiento se hizo para neutralizar los nacionalismos vasco y catalán; sin embargo, actualmente esos nacionalismos se han radicalizado y se han convertido en independentistas pues el Gobierno autónomico de sus territorios les facilita los recursos suficientes para gastos identitarios y para  fomentar un independentismo mayor del que nunca existió anteriormente.

Menos mal que existen salidas del laberinto autonómico. Todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente de ese laberinto, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente. La supresión de las CCAA evitará un despilfarro anual de más de 120.000 millones de euros, lo que equivale al 12 % del Producto Interior Bruto.
Pero lo malo es que la casta política (grandes partidos y nacionalistas) se oponen encarnizadamente a desmontar esa mastodóntica estructura política y económica que han establecido en su propio beneficio, aunque sea perjudicial para el 90 % de los españoles. La Partitocracía se niega a reformar sustancialmente las Autonomías, a devolver muchas competencias al Estado y, mucho más todavía, a eliminar las CCAA, porque son su coto de caza, pesca y caciqueo.

Entonces, como la soberanía popular reside en los ciudadanos –aunque quiera monopolizarla la casta política- el pueblo va a tener que pronunciarse ya para decidir lo que se hace con las Autonomías, eligiendo una de estas tres posibilidades: 1) mantenerlas tal como están; 2) reformarlas profundamente devolviendo la mayor parte de sus competencias al Estado y limitando su techo de gasto, su autonomía financiera y su déficit presupuestario en los mismos términos que el Estado español se comprometa con la Europa del euro; y 3) eliminar completamente las Autonomías para que España pueda salir de la crisis y para que todos los españoles seamos iguales ante la Ley y tengamos un mismo nivel de prestación de servicios sociales.

Por lo tanto, es preciso hacer ahora una consulta a los ciudadanos españoles para que elijan una de esas tres opciones. Posteriormente, para revalidar la opción elegida por el pueblo sería necesario que el Gobierno español y los grandes partidos políticos asumiesen el resultado de la consulta o que, alternativamente, hiciesen aprobar por el Congreso de los Diputados la convocatoria de un Referéndum popular en los términos previstos en la Constitución. Si el resultado del Referéndum fuese la eliminación de las Autonomías sería entonces necesaria la disolución de las Cortes y la modificación de la propia Constitución para eliminar el vigente derecho territorial a la autonomía política.

Por supuesto, si los grandes partidos políticos no quisieran instrumentar y llevar a cabo la opción elegida por el pueblo sobre las Autonomías, entonces podría haber una grave confrontación de la ciudadanía contra la dictadura de la Partitocracia, que se concretaría en las acciones pertinentes.

En la consulta popular que te proponemos ahora es necesario que participemos la mayoría de los ciudadanos para presionar suficientemente a los partidos políticos. ¡¡¡UNE TU VOZ A LA DE LOS MILES DE ESPAÑOLES QUE ESTAMOS DISPUESTOS A EMBRIDAR, REFORMAR O ELIMINAR LAS RUINOSAS AUTONOMÍAS!!!.

 JOAQUÍN  JAVALOYS